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| Foto de plantas de marihuana extraída de Torrevieja Digital |
La asociación cannábica de Alicante ofrece alternativas a los consumidores para no tener que recurrir al mercado negro
El debate sobre la marihuana está candente. Un pequeño pueblo tarraconense es el epicentro de la agitación ya que una asociación barcelonesa de consumidores de cannabis, la ABCDA, pretende alquilar un terreno municipal para plantar marihuana. Esto supone un atractivo para el ayuntamiento de la localidad para saldar sus deudas y ofrecer empleos a sus habitantes. Al igual que en Barcelona, existe una asociación que defiende los derechos de los consumidores de cannabis en la provincia de Alicante: Alacannabis. Ambas asociaciones poseen fines muy parecidos pero utilizan medios muy diferentes.
Alacannabis, es una asociación compuesta de 250 socios que se encarga desde 1.998 de ofrecer amparo a los consumidores alicantinos que quieran conseguir cannabis de buena calidad, a buen precio, sin tener que recurrir al mercado negro y además que quieran poseer a una protección legal como consumidor habitual. Según palabras de Antonio Moreno, presidente de la Alacannabis: “Todo el que entra aquí es consumidor previo, no fomentamos nada”.
Su actividad es totalmente lícita pues el consumo privado de cannabis está despenalizado en España. A pesar de que su compra sea ilegal, la ley ampara la compra compartida y esta asociación pone al servicio de sus socios una plantación de consumo compartido. Antonio Moreno, presidente de Alacannabis, asegura que se trabaja en base a un informe jurídico que establece la cantidad de “dos gramos diarios como consumo responsable” por lo que los socios de la asociación tienen derecho a un total de 730 gramos de marihuana por año. Héctor Brotons, abogado especializado en el ámbito del cannabis explica que en el caso de que algún socio sea sorprendido por las fuerzas del orden del estado, esto no constituye una traba legal pues la asociación pone a disposición de los socios un respaldo jurídico que tiene un éxito “en más de un 90 % de los recursos” puesto que no existe “una jurisprudencia” y todo depende de la “aplicación de cada juez, no existen normas claras”. A su vez, el presidente de Alacannabis critica las malas gestiones del Estado en materia de drogas ya que “no sabe cómo enfocarlo” y asegura que es “el usuario el que sabe cómo funciona todo”. Ello les ha llevado a redactar propuestas de regularización de los clubs de fumadores que van a ir a parlamento.
Alacannabis es una asociación sin ánimo de lucrarse a través de ninguna de sus actividades. De hecho, nes una asociación bastante hermética que no pretende tener un gran número de afiliados ya que existen numerosos filtros por los que hay que pasar antes de poder acceder al cultivo compartido. En primer lugar, hay que hacerse socio lo que te permite tener derecho de voto en las asambleas y acceso a la asesoría jurídica que ofrece la asociación. Sin embargo, la lista de miembros del cultivo compartido es reducida y Antonio Moreno dice que “un socio avalado por un miembro del cultivo puede llegar a acceder a él si la asociación lo considera oportuno”. Evidentemente, los miembros del cultivo pagan una cuota mensual dedicada a pagar los costes de la producción de la plantación privada destinada a los socios de la asociación. En las asambleas se demuestra el coste de producción y se paga equitativamente entre los miembros. En palabras de Antonio Moreno: “Nuestro modelo es asociativo, no hay ningún ánimo de lucro, el socio es quien decide”. Estas son las diferencias más destacables con respecto a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) ya que en la asociación de la ciudad condal, desde el momento en el que te haces socio, ya puedes optar a recibir marihuana por ser miembro de la asociación. Por su parte, Alacannabis se fundamenta en un modelo asociativo transparente y con filtros para poder entrar en el cultivo común. La diferencia básica que atribuye Antonio Moreno entre ambas asociaciones “está en que en Alacannabis producimos bajo demanda, la ABCDA va a tener una gran capacidad de producción” lo cual va a abrir muchas interrogantes sobre qué van a hacer con esa ingente cantidad de cannabis.
Rasquera, un pueblecito que genera desconsenso y que es presa de todo tipo de intereses ajenos.
Ante este dilema, Antonio Moreno asegura: “El problema está en el ánimo de lucro porque pagarle a un ayuntamiento por el alquiler de unos terrenos me parece especular con el terreno”. Además, muchas empresas relacionadas con el mundo del cannabis se han interesado en Rasquera, el pueblo precursor en la iniciativa de alquilar un terreno municipal para el cultivo de marihuana. Se barajan numerosos proyectos más, ya que hay empresas que piensan en crear una casa rural especializada en terapia con canabinoides. Moreno afirma que es razonable que el ayuntamiento se plantee medios para saldar sus deudas pero ahora “es la Abogacía del Estado quien tiene que decidir”. Para ir más lejos Antonio Moreno pide que se
deberían tapar los vacios legales que impiden que asociaciones transparentes desempeñen sus funciones
y habría que impedir que otros se aprovechen. El presidente de la asociación aboga por una regularización racional de las drogas, sin tener que recurrir a la legalización porque no quiere que se fomente el consumo.
